El acceso al agua potable de todos los posadeños es una meta que se ha trazado el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, y que ni siquiera la pandemia por el coronavirus hizo tambalear, en lo que va del 2020. Claro que en este escenario, se sumaron otros temas igual de prioritarios, como el control de la situación en la que viven los abuelos en los geriátricos y los reclamos por los aumentos de precios.
De todo este panorama de acción habló el funcionario en una entrevista con ENFOQUE. También de su intención de que en la capital provincial se establezcan las bases para políticas de estado en cuanto a salud y vivienda.
“En la Defensoría del Pueblo hemos sumado dos años de largas experiencias, donde tratamos de incorporar en el corazón de la sociedad una herramienta incorporada allá por 1994”, reflexionó Penayo.
Dijo que la institución que encabeza, “tiene el objetivo de representar los intereses de la sociedad de manera colectiva. A partir de los valores constitucionales que son su eje, abrimos la jugada hacia distintos temas, como ambiente saludable y sano, acceso a la vivienda digna, electricidad y agua y educación, entre otros”.
Recordó que el objetivo central que él y los demás Defensores del Pueblo del NEA y NOA se pusieron este año tiene que ver “con la bajada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente el punto 6, que indica que para 2030 todo los ciudadanos del planeta tienen que contar con agua potable, lo que es un valor social fundamental”.
“Debatimos mucho sobre el acceso a la vivienda. Incluso tuvimos contactos con ministros nacionales. En mi caso, hice una exposición ante la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sobre la problemática. Pedí más federalismo, que se traduce en más plata para infraestructura”, profundizó.
Urbanización
“Hay un montón de cuestiones que también venimos desarrollando, como el pedido de urbanización de todos los asentamientos. Esto permite algo esencial, que es el acceso al agua y cloacas. En 2010, Posadas debía tener el 73% de conexión a la red de cloacas y el 93% a red de agua potable. Y la ciudad sigue creciendo. Tenemos que mirar cuánto se ha cumplido desde la empresa que presta los servicios”, ilustró.
Penayo afirmó que, según un relevamiento propio, “actualmente 16% de la población tiene conexión a clocadas y el 60% a la red de agua. Es decir, falta”.
Agregó que “hay más de 60 asentamientos en Posadas. En el Concejo Deliberante, conseguí la adhesión la Ley 27360, de Registro Nacional de Barrios Populares. Hay 4400 asentamientos en el país. Los municipios que empiecen con la adhesión y convenios, tendrán prioridad para el financiamiento”.
El Defensor del Pueblo señaló que “estoy mirando el desarrollo de una ciudad y debemos tomar esta herramienta que existe”.
Explicó que la respuesta llega en Posadas en dos tiempos. “Primero por parte del Concejo, donde se tomó la decisión unánime de votar la adhesión. Por otro lado, ahora es un tiempo del Ejecutivo. Hemos fijado la meta para una política de Estado”.
Marcó como logro “la conexión completa de red de agua potable del barrio Tacuaritas. Actuamos en conjunto con Derechos Humanos, la Legislatura, el municipio y la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos. Beneficiará a 250 familias”.
“Tenemos que hacer que todos los posadeños puedan pagar el servicio. Hay que pensar que esta ley nacional vino a regular, a ordenar, a que se terminen las excusas, a corregir los errores que la política fue generando”, sostuvo.
Un mundo cambiado
Sobre los efectos del coronavirus, Penayo consideró que “el mundo cambió, tiene que fijarse las metas de otra forma. No podemos negar que de los afectados directos los más perjudicados han sido los adultos mayores. Ellos pasaron a ser la prioridad, porque no podemos mirar al costado sabiendo esta situación”.
“La Carta Orgánica nos obliga en trabajar en la protección del adulto mayor. Permite la creación de programas. Así nació el Observatorio para Control y Gestión de Adultos Mayores. Convocamos a todos los sectores en 2018 y trabajamos en un control de los geriátricos. Son alrededor de 15. Por eso, cuando estalló la pandemia, conocíamos su situación”, detalló.
Precisó que “hay unos 150 adultos mayores que residen en estas instituciones. Elaboramos un sistema de control. Van a tener que presentar una declaración jurada que dé cuenta del cumplimiento del protocolo de bioseguridad correspondiente”.
Por otro lado, apuntó qué otras problemáticas han golpeado las puertas de la institución en este primer semestre. “Hicimos muchos trámites ante el EPRAC por el tema de los cortes de agua. El tema de los precios fue también significativo. Nos llegaron muchas demandas vinculadas a precios altos. Las remitimos al Ministerio de Acción Cooperativa. La gente sentía el impacto muy fuerte”.
“Otras quejas se focalizaron en los alquileres. Los que tenían que rehacer sus contratos se encontraron con un aumento desmedido”, apuntó.
Penayo elogió la manera en la que los gobiernos provincial y nacional encararon la pandemia. “A nivel provincia, fue fundamental tener un gobernador y vice médicos. Ellos marcaron el rumbo. La mira estaba bien calibrada y como ciudadano me siento bien protegido”, expresó.