Escribe Santiago Tristany (Lic. en Psicología)
Se publicó un reporte del Bipartisan Policy Center (*) que presenta 20 estudios de casos, en los que se describen situaciones en las que la “evidencia” fue utilizada por agentes decisores gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal y que fue incorporada en los procesos de diseño de políticas.
Se explica que el proceso decisorio respecto a políticas gubernamentales implica decidir (elegir entre opciones disponibles) respecto al direccionamiento (asignación) de recursos económicos, humanos, materiales, con el objetivo de alcanzar determinadas metas. El proceso decisorio que involucra recursos provenientes de impuestos, tasas o gravámenes a los contribuyentes para el beneficio de la sociedad necesita fundamentarse mediante información sólida y confiable. Requiere información precisa para cumplimentar las metas de programas o políticas y para asegurar que las acciones están coordinadas con los resultados esperados.
El concepto de “políticas basadas en evidencia” ha ganado atención en los Estados Unidos de Norteamérica en los años recientes. La idea es utilizar evidencia para informar cómo los agentes decisores políticos analizan y deciden la utilización de recursos para alcanzar metas (nacionales, provinciales o municipales). Por lo tanto, en este contexto –explica el informe- se define específicamente “evidencia” como información de alta calidad construida recolectando sistemáticamente datos, analizando datos con métodos de investigación rigurosos, luego desarrollando conclusiones que son válidas y confiables respecto a grupos de personas, hogares, familias u organizaciones.
Esta definición no incluye intuiciones o información compilada y organizada azarosamente. Los métodos de colección y tratamiento de datos para decisiones políticas son construidos en esfuerzos por descubrir tendencias en el rendimiento, por comprender cómo las políticas y programas operan y, adquirir conocimiento respecto a las consecuencias de las políticas y programas y al impacto de estos resultados. La evidencia descrita acá proviene generalmente de análisis estadístico, investigación de políticas, ciencias de la información y evaluación de programas.
Explican los autores que los agentes políticos usan una gran variedad de fuentes de información para decidir –estudio de casos, análisis de prioridades, consecuencias electorales, valores personales y, evidencia. Estos datos son importantes en sociedades democráticas. Sin embargo, la evidencia no siempre es prioritaria o, incluso, en muchos debates no está presente.
La evidencia –afirman los investigadores- reduce la incertidumbre respecto a los efectos de las decisiones. Ayuda a que los agentes decisores políticos comprendan el rango de beneficios para diferentes opciones políticas y, pueden asegurar a los ciudadanos y contribuyentes que los agentes oficiales no basan sus decisiones en creencias falsas o teorías equivocadas. Es decir, la evidencia asegura que las decisiones se fundan en hechos, en la verdad y la realidad.
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(*) Nick Hart and Meron Yohannes (eds.) Evidence Works: Cases Where Evidence Meaningfully Informed Policy. (Washington, D.C.: Bipartisan Policy Center, 2019). Link: https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/06/Evidence-Works-Cases-Where-Evidence-Meaningfully-Informed-Policy.pdf
Artículo publicado en la edición N° 47 de Revista ENFOQUE